Si eres autónomo, quizás te interese subir tu base de cotización. En lo fundamental, los parámetros para calcular la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos son muy similares a los de los trabajadores del Régimen General. Sin embargo, debes tener en cuenta diferencias importantes en cuanto a períodos no cotizados (cobertura de lagunas en la cotización) y/o períodos cotizados fuera de plazo.
La base máxima de cotización a la Seguridad Social se va a mantener en 2018 en los 3.751,2 euros. Mientras la base mínima se incrementará en el mismo porcentaje que el salario mínimo, un 4%, según el proyecto de orden por la que se desarrollan las normas legales de cotización para el ejercicio 2018, que se encuentra actualmente en trámite de información y audiencia pública.
El 1 de enero de 2018 entrará en vigor la nueva Ley de Autónomos que ofrece la posibilidad de darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) hasta un máximo de 3 veces por año. Esto permitirá a los trabajadores por cuenta propia una mayor flexibilidad. Además, la nueva normativa supondrá un ahorro para los autónomos ya que, solo se pagarán los días que se ha estado dado de alta ese mes.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 25 de octubre, la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. La ley amplía la tarifa plana de cincuenta euros, permite la deducción de suministros y dietas, flexibiliza la cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos e impulsa medidas para favorecer la contratación laboral y la conciliación familiar.
La pensión de viudedad es una prestación contributiva de la Seguridad Social a la que se tiene derecho cuando nuestra pareja ha fallecido. No es vitalicia pero sí compatible con cualquier renta de trabajo y con la pensión de jubilación o incapacidad permanente. ¿Qué requisitos debe cumplir el fallecido y cuál era la situación concreta de la pareja para poder tener acceso a ella?
El Consejo de Ministros ha aprobado los dieciséis convenios de colaboración con las CCAA (excepto País Vasco y Navarra) e INGESA, para el control de la incapacidad temporal (IT) en el período 2017-2020. Además, ha fijado los créditos destinados a financiar estos acuerdos. Persiguen mejorar la colaboración y coordinación entre los Servicios Públicos de Salud de las CCAA y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social para el control eficaz de esta prestación.
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