El Tribunal Supremo considera que entra dentro de la legalidad que las empresas utilicen sistemas de video vigilancia y utilicen las imágenes grabadas como prueba en un despido. El Alto Tribunal matiza que los empleados deberán ser conscientes de su instalación. De este modo se unifica la doctrina y se establece un criterio único después de que distintos tribunales hubieran dictado sentencias contradictorias sobre la misma causa.